Hacia la operacionalización del derecho humano a la vivienda adecuada en México: Propuesta de un indicador multifactorial

Resumen

En el Estado mexicano, el derecho constitucional a la vivienda adecuada enfrenta desafíos significativos derivados de políticas públicas históricamente enfocadas en criterios económicos y neoliberales. La transición de "vivienda digna y decorosa" a "vivienda adecuada", basada en los criterios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), implica integrar dimensiones como seguridad jurídica, habitabilidad, accesibilidad y adecuación cultural, entre otras. Este cambio exige la alineación normativa y la creación de indicadores específicos que permitan medir y evaluar el cumplimiento de este derecho humano. La investigación propone generar un indicador multifactorial que permita la operacionalización de la vivienda adecuada a partir de i) la definición de una base epistémica basada en teóricos de la arquitectura, el urbanismo e instituciones; ii) la definición del marco normativo a escala internacional y nacional; iii) la caracterización de la vivienda en México y iv) la composición de indicadores preexistentes generados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y su alineación con la vivienda adecuada con base en la base epistémica propuesta. El indicador considera las siete dimensiones de la vivienda adecuada establecidas por la ONU y articula enfoques cuantitativos y cualitativos para reflejar la complejidad del contexto mexicano. Los resultados subrayan la necesidad de políticas públicas intersectoriales que prioricen las escalas espaciales más allá de la habitabilidad interna, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. La implementación de este indicador propone, además de la evaluación de las políticas existentes, la identificación de brechas y el diseño de estrategias efectivas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, promoviendo así el desarrollo humano integral y la inclusión social.